Un comunicado del gobierno estatal fechado el 1 de septiembre de 2023 resalta: “Referente al espacio denominado Punta Colorada en Puerto Escondido, el cual ha sido el motín de una disputa por diferentes actores, el gobernador Salomón Jara dejó claro que ese polígono es propiedad del gobierno estatal y será una decisión conjunta con el pueblo para determinar qué proyecto se ejecutará en ese lugar”.

“Vamos a platicar con todos los sectores sociales, económicos y políticos, y tomaremos en cuenta al pueblo; hay propuestas para realizar proyectos en esa zona”, sin embargo, la población nunca fue consultada.

Los inconformes recurrieron al Poder Judicial de la Federación al promover un juicio de amparo indirecto en el que solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que se detuviera la ejecución de las obras del proyecto de construcción de un condominio habitacional, al estimar que incumple las normas y permisos correspondientes y contamina el medio ambiente.

Con este fallo judicial, las autoridades municipales y el gobierno del estado están impedidas de expedir, autorizar o dar visto bueno u otorgamiento de cualquier permiso, licencia, autorización o similares que tenga por objeto permitir el desarrollo de cualquier proceso constructivo en la playa y zona de Punta Colorada.

Esta suspensión vincula directamente a las autoridades de San Pedro Mixtepec, al ?gobierno del estado, al consejero jurídico de Gobierno de Oaxaca y además obliga a Santa María Colotepec a no dar permisos tampoco.

En síntesis, las autoridades mencionadas tienen prohibido, de manera definitiva, otorgar permisos de construcción, y persisten las medidas de protección que deben implementar en los términos de la primera suspensión (cuidar, sanear, proteger flora y fauna).

El juicio de amparo fue interpuesto por 298 personas en contra de cualquier actividad que tenga como objetivo realizar un proyecto turístico y que atente contra el medio ambiente.

Cabe recordar que el pasado 27 de diciembre de 2023 se concedió una suspensión provisional solicitada por 298 personas contra actos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); ayuntamiento de Santa María Colotepec y de San Pedro Mixtepec; Secretaría de Gobierno, gobierno de Oaxaca; Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Gobierno del estado de Oaxaca; consejero jurídico, secretario de Infraestructura y Comunicaciones; gubernatura y el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

En la resolución, la juez refiere que tal medida fue determinada con el objetivo de garantizar “la justiciabilidad del derecho al medio ambiente”.

Y es que de no otorgarse la suspensión, se “permitiría la ejecución de actos susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la biodiversidad, afectándose con ello a la colectividad”.

Fue la asociación civil Salvemos Colorada la que alertó sobre la intención de vender las más de 111 hectáreas de Punta Colorada, en Puerto Escondido, para construir un centro turístico.

Además, pidieron al gobernador transparentar el proyecto, ya que el presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Javier Cruz, fue quien habló de vender Punta Colorada en 2 mil millones de pesos.

En respuesta, en septiembre se realizó una marcha para exigir un alto al megaproyecto turístico, que pretende realizar el gobierno estatal en 111 hectáreas de reserva ecológica de Puerto Escondido, Oaxaca.

“Punta Colorada no se vende. No a megaproyectos que exploten las reservas naturales de Puerto Escondido sin permiso de los pueblos”, resaltaba en una lona.

Informaron que el pasado 1 de septiembre, en reunión a puerta cerrada, el secretario de gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, el secretario de las Infraestructuras y Comunicaciones, Netzahualcóyotl Salvatierra, el consejero jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero, junto con autoridades municipales de San Pedro Mixtepec presentaron un anteproyecto de desarrollo en las 111 hectáreas de Punta Colorada.

Dicho anteproyecto comprende “una zona comercial, hotelera y una de reserva con parques público-privados y una zona de residencias, recalcando que será una participación bipartita, es decir estatal y privada.

Fuente: Proceso